La Corte Suprema de Justicia acogió la figura de un Fiscal Ad-Hoc para que asuma la investigación de los casos de Odebrecht, respecto de los cuales el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, se ha declarado impedido. Sin embargo, surgen desde ya dudas sobre la eficacia de esta fórmula como solución para resolver el episodio de corrupción más grande que ha vivido Colombia y el continente entero en lo que va del milenio. Muy por el contrario, la designación del Fiscal ad-hoc, parece que alejaría la posibilidad de conocer y someter ante a la justicia a los responsables de un escándalo que socavó el erario de la nación y su institucionalidad.
Antes de ir a las suspicacias que suscita la figura, veamos en qué consiste. ¿Qué es un Fiscal Ad-Hoc? Si nos atenemos a la expresión latina Ad-Hoc, ésta significa: “para esto”, es decir que alude a algo que se constituye para resolver un asunto en concreto al margen de la generalidad. Así pues, el Fiscal Ad-Hoc, es un funcionario nombrado con la tarea de investigar específicamente ciertos hechos para luego proceder a acusar ante los jueces, a quienes resulten involucrados como autores o coautores, toda vez que el titular no puede cumplir esa tarea aunque sea parte de sus atribuciones naturales como fiscal en propiedad.
Cabe seguidamente preguntarse: ¿Por qué el actual Fiscal en propiedad, no puede cumplir con su función investigativa respecto a Odebrecht, como constitucional y legalmente le corresponde? Como ya conoce la opinión pública en Colombia, gracias a la difusión mediática del caso Odebrecht, el señor Néstor Humberto Martínez, antes de ser nombrado como Fiscal General, fungió como abogado de un poderoso grupo económico que estuvo asociado a la firma Odebrecht para la ejecución de algunas obras contratadas con el Estado, mismas que son materia de investigación en virtud de los multimillonarias coimas que se pagaron para la consecución de tales contratos. Hay entonces una incompatibilidad tanto ética como jurídica para el ahora Fiscal General, pues debe adelantar investigaciones penales a quienes otrora fueron sus clientes cuando actuó en el ámbito privado como asesor y consultor legal de ellos. Así pues, las investigaciones que debería cumplir en virtud de las facultades inherentes a la Fiscalía, estarían desprovistas de las necesarias garantías. Por este motivo, el señor Martínez se declaró impedido para llevar algunas de las investigaciones contra Odebrecht. Y es así como ahora el Presidente de la República tendrá que enviar una terna de candidatos, para que la CSJ escoja al Fiscal Ad-Hoc que se encargará de los consabidos casos.
Comentarios
Publicar un comentario