Qué duda cabe que los
cambios sociales y culturales, imponen nuevos valores éticos, los que a su vez
pretenden ser interpretados por el ordenamiento jurídico. Tal es el caso de las
corridas de toros, cuya práctica y afición parecen una especie de anacronismo en
el nuevo milenio. En el pequeño mapa
taurino del mundo, que comprende solo 3 países en Europa (Portugal, España y
Francia) y 5 en América (México, Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú), cada vez
hay una mayor oposición antitaurina por parte de las nuevas generaciones
especialmente. En nuestro país, por ejemplo, el alcalde de Bogotá prohibió el
uso de la Plaza de Toros de Santamaría para festejos taurinos. Algo similar ha
ocurrido en Quito y en Barcelona, ciudades tradicionalmente taurinas.
Quizá el llamado Arte de Cúchares, algún día desaparezca como consecuencia de las presiones ejercidas
por activistas de la causa animal, naturalista o ecológica, que no cesan de atacar de palabra y obra, a veces por vías legales y a veces no, a quienes tienen una
forma diferente de pensar y sentir respecto a una especie bovina muy particular denominada
comúnmente el toro de lidia.
Expresiones como
“asesinos”, “bárbaros”, “maltratadores”, entre otras lisuras, se han vuelto
usuales en el lenguaje de los detractores de la Fiesta Brava. Frente a esta
injusta situación, conviene recordar o ilustrar a todos, incluyendo a los
antitaurinos, pero especialmente a los taurinos, que la Tauromaquia en Colombia, es una actividad que se
encuentra dentro de un marco constitucional y legal. La Constitución Política
en su artículo 7º señala que el Estado reconoce y protege la diversidad
cultural de la nación colombiana. Una diversidad cultural que precisamente
consiste en la aceptación de múltiples formas de vivir y de interpretar al
mundo, aunque no coincidan con las de la mayoría de la población.
Por lo tanto surge
entonces una inquietud fundamental para determinar si la Tauromaquia cabe
dentro del concepto de “Cultura” y consecuentemente establecer si puede
gozar de reconocimiento dentro de un estado social de derecho. La
respuesta es claramente afirmativa: los espectáculos taurinos son una expresión
cultural y artística del ser humano. En ellos convergen los distintos elementos
de dan forma a la cultura: hay saberes, quehaceres, símbolos, tradiciones,
rituales, etc. Con lo cual, no debe haber lugar a dudas de que la tauromaquia
es cultural. A propósito, el artículo 70
de la Constitución Nacional en su inciso segundo, dice: “La cultura en sus
diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce
la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país”. Situación que
además quedó ratificada por la Corte Constitucional en la sentencia C-1192 de
2006.
Por otra parte, una norma
jurídica como la Ley 84 de 1989 (Estatuto Nacional de Protección a los
Animales) excluye la celebración de corridas taurinas como una forma de crueldad hacia los animales. Del
mismo modo, la Ley 916 de 2004 (Reglamento Nacional Taurino) regula las
actividades taurinas en armonía con los mandatos de la Carta Política como
quedó ratificado por la declaración de exequibilidad proferida por la Corte
Constitucional en sendas sentencias.
Dicho lo anterior, puede
afirmarse que los taurinos conforman una comunidad unida e identificada en la
afición y practica de una manifestación cultural admitida por el ordenamiento
jurídico colombiano. Así mismo, las personas que ejercen la
Tauromaquia de manera activa, es decir: toreros, ganaderos, empresarios,
periodistas, peones y demás oficios afines, están también dentro de un marco de
legalidad. Por lo tanto, impedirles realizar tales actividades, que constituye
su modus vivendi, vulnera derechos superiores como la Libertad de Expresión,
Derecho al Trabajo, Libertad de Profesión y Oficio y Libertad de Empresa, entre
otros.
Como se ha dicho al
comienzo del presente artículo, posiblemente dentro de uno o varios lustros las
corridas de toros desaparecerán de la faz de la tierra, quizá solo serán un
recuerdo grato para algunos e ingrato para otros recogido en poemas, películas
y pinturas; pero mientras eso sucede, ocupan un sitio dentro de nuestro actual estado
social de derecho, con el que hay que coexistir con respeto y tolerancia.
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